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CÓNDOR EN ROMA: Estado uruguayo ausente en la apelación

Samuel Blixen
2 Junio, 2017

Diversos organismos profundizaron la crítica al gobierno por su política sobre las violaciones a los derechos humanos en dictadura. A la ausencia de representantes del Poder Ejecutivo en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que sesionó en Buenos Aires (donde se denunció el estancamiento de cerca de 300 causas judiciales y la inoperancia de las investigaciones sobre las amenazas de muerte del llamado “Comando Barneix”) se sumó ahora la denuncia sobre la ausencia del Estado uruguayo reclamando, como parte civil, la apelación ante los tribunales romanos, de la sentencia que eximió de culpa al capitán Jorge Tróccoli y otros 12 oficiales en la desaparición de uruguayos de origen italiano en el marco del Plan Cóndor.
Al primer cuestionamiento, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa aseguró que el gobierno “no fue citado” a la audiencia de Buenos Aires, pero Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, reveló que en Buenos Aires se leyó una carta en la que la cancillería aceptaba la invitación. Nin Novoa había dicho que la Cidh había convocado al Poder Judicial y al Parlamento y que ambos organismos estatales declinaron concurrir porque “no tenían nada que decir en este caso”. Olivera apuntó que la actitud del canciller confirma que el Estado tiene, en lugar de una mirada global sobre el tema, “una visión balcanizadora”. La Institución Nacional de Derechos Humanos reclamó perentoriamente una explicación de por qué el Estado no se hizo presente en la audiencia de la Cidh, ausencia que, según Mirtha Guianze, “nunca había ocurrido hasta ahora”.
Sobre la afirmación de que el gobierno no había sido invitado, el canciller argumentó en rueda de prensa que “el Estado uruguayo ha dado pruebas fehacientes de lo que le importan los derechos humanos y del respeto a los mismos”. Al cierre de esta edición la cancillería dio a conocer un comunicado en el que afirma que es potestad del gobierno asistir a las audiencias, y que en este caso, aunque no concurrió, envió documentación.

Jorge Troccoli
Sin embargo, aumentando las sospechas sobre el verdadero alcance de la política gubernamental, también se supo que el Estado uruguayo declinó ser integrante de la parte civil que apeló, junto con representantes de familiares de las víctimas, la resolución del Tercer Tribunal de Asís, en Roma que, aun cuando condenó las prácticas terroristas de los estados miembros del Cóndor, declinó condenar a 13 oficiales uruguayos implicados en desapariciones de ciudadanos de origen italiano, entre ellos a Jorge Tróccoli, cuyo pedido de extradición, después de su fuga, tuvo un azaroso trámite que le permitió eludir la cárcel.
La apelación fue presentada por fiscales italianos, que esperan que en un año y medio el tribunal decrete el procesamiento de los uruguayos inculpados. La parte civil acompañó la apelación en el trámite que le corresponde, es decir, el reclamo de compensaciones, con lo que podrán aportar nuevos elementos de prueba. En particular el gobierno uruguayo podría presentar los nuevos elementos surgidos del estudio de archivos de Fusileros Navales (Fusna) cuyos oficiales participaron en los operativos que culminaron con la desaparición de varios uruguayos; en particular podría desmontar la argumentación del tribunal italiano, de que los oficiales no tenían necesariamente que conocer el destino final de los detenidos después desaparecidos. Pero se abstuvo de incorporarse a la demanda de apelación.
De hecho, el Estado no está representado en Roma, desde que fue cesado en sus funciones el abogado italiano Fabio Galiani, que lo representó desde que se inició el trámite de extradición de Tróccoli. La actuación de Galiani había sido particularmente criticada por organismos de derechos humanos y familiares denunciantes. Tras su cese, familiares de las víctimas interpusieron ante el Ministerio de Defensa Nacional un pedido de acceso a la información para conocer los términos del contrato que vinculó a Galiano con Uruguay. Según supo Brecha, el ministerio habría negado la información, aduciendo confidencialidad, pero, reclamando ante la justicia, un magistrado ordenó que se aportara la información. Al parecer, según trascendió, no existió contrato escrito y sólo se pudo saber de uno o varios pagos, por 600 mil euros, aunque no está claro si es por la totalidad de los servicios. El Estado uruguayo hasta ahora no ha designado a un nuevo abogado para que lo represente en las decisivas instancias de apelación.

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