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La Venezuela de la discordia

Por Alberto Grille.

Sin embargo, el pronunciamiento de Uruguay exigiéndole al presidente de Venezuela que pruebe o rectifique su acusación contra el canciller Nin me parece que se ubica en una escalada verbal que, por más ofensiva que nos resulte, es accesoria en relación con lo que está sucediendo, que sin duda es una contraofensiva de la derecha en nuestro continente que cuenta con el apoyo y es impulsada por los sectores más reaccionarios de Estados Unidos.

Aunque estemos ofendidos, debemos aceptar que el Departamento de Estado es el servicio exterior más influyente del planeta, por lo cual es de esperar que mantenga contacto asiduo con todas las cancillerías del mundo, entre ellas, la nuestra. Si un embajador de Estados Unidos no logra mantener un diálogo fluido con las autoridades de la política exterior de un país, así sea un país enfrentado en el terreno económico y/o político, simplemente lo destituyen por inútil.

No se necesita ninguna prueba para suponer que estos contactos discretos o secretos existen, máxime que ya una vez tomamos conocimiento de comunicaciones entre el gobierno uruguayo y el de Estados Unidos, dos años después de que ocurrieran, en ocasión de una conferencia que diera Tabaré Vázquez a alumnos de una escuela de señoritos.

El 28 de marzo, Uruguay firmó una declaración conjunta contra Venezuela con 20 países en la OEA, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Brasil y Paraguay. Aunque públicamente se le atribuya la iniciativa de esa declaración a Panamá, es improbable que esa declaración no haya sido coordinada por el Departamento de Estado. Si nos ponemos duros, debemos decir que la declaración fue aprobada gracias al Departamento de Estado, y los últimos votos (necesitaba 20 y en la previa contaba sólo con 18) se consiguieron con amenazas abiertas. Es que un día antes, el lunes 27 de marzo, en The Miami Herald, el poderoso senador republicano Marcos Rubio advirtió que los países que no votaran la resolución verían comprometida la asistencia internacional y, con nombre y apellido, se refirió a República Dominicana, Haití y El Salvador. “Esto no es una amenaza, pero es la realidad”, dijo Rubio, y añadió: “Estamos viviendo en un ambiente muy difícil en Washington, donde se están considerando recortes masivos a la ayuda en el extranjero y para nosotros va a ser bien difícil justificar la ayuda a estos países si ellos, al final del día, son países que no cooperan con la defensa de la democracia en la región”. Los tres países directamente aludidos, pese a la presión, se mantuvieron en sus trece y no votaron la declaración, dando una muestra de coraje admirable. Pero luego de esta declaración de Rubio, al grupo de 18 se sumaron de apuro Belice y Guyana, conformando los 20 votos necesarios.

La línea política de Estados Unidos con respecto a Venezuela es aislarla y expulsarla de la OEA y de todos los organismos internacionales. Su propósito final es el cambio de gobierno y el control de sus reservas petroleras y minerales. Aunque no es necesario recurrir a documentos filtrados para probar esto, es muy útil repasar el documento conocido como Venezuela Freedom Operation, del 2 de febrero de 2016, firmado por el jefe del Comando Sur, almirante Kurt W. Tidd, en el que explica someramente la estrategia de aislamiento y el papel del secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, en esta operación. Tanto la gente de Almagro como voceros de Estados Unidos han desmentido la veracidad de este documento, pero los desmentidos de esos personajes tienen valor nulo en el mercado mundial de certezas, y el que se tome el trabajo de leerlo va a percibir que el documento tiene, como en el fútbol, olor a gol. Suponemos que el presidente de la República y su gabinete no pueden hacerse los distraídos cuando el excanciller Luis Almagro actúa como un operador de la CIA, y no me pueden pedir pruebas ni que me rectifique cuando afirmo esto.

En el caso del Mercosur, Uruguay terminó convalidando la estrategia llevada adelante por Brasil, Paraguay y Argentina. El 10 de agosto del año pasado, Nin confesó en la Comisión de Asuntos Internacionales que el canciller del gobierno de Michel Temer había concurrido a Uruguay con intenciones de comprar el voto de Uruguay, lo que había molestado a Tabaré. Esa declaración de Nin fue contestada firmemente por Itamaraty, que el 16 de agosto emitió un comunicado de “profundo descontento y sorpresa” por las declaraciones del canciller. Al otro día, 17 de agosto, Nin llamó a Serra y reculó: dijo que había sido un malentendido y dio por superado el incidente. Semanas después, cancillería avisó al Frente Amplio que Brasil había decidido romper el Mercosur si Uruguay no se allanaba a la posición de Brasil y Argentina. De acuerdo a lo que revelaron a Búsqueda fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores el 15 de setiembre de 2016 (lo que nunca fue desmentido), “si no hacíamos algo, el Mercosur se acababa, se iba a formar, quizás, una nueva entente entre tres países (Brasil, Argentina y Paraguay) […] Defendimos a Venezuela dentro de lo posible y llegamos a un límite; tuvimos que mantener el equilibrio”. En la misma nota se aclara que la decisión de abstenerse, que fue la permitió que se alcanzara el consenso necesario para aplicar la suspensión de Venezuela, se adoptó por pedido expreso del Partido Comunista, el MPP y Casa Grande, que no querían que Uruguay apareciera votando la suspensión. Las amenazas de Brasil no merecieron ningún comunicado y Uruguay no exigió una retractación para reparar el honor mancillado. Pero, además, hoy sabemos que Michel Temer coordina todas sus acciones con el Departamento de Estado –lo filtró WikiLeaks con documentos y todo–, así que podemos asumir que la amenaza de Brasil era la orden de Estados Unidos por interpósita cancillería.

Llegó esta última semana. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la República Bolivariana de Venezuela asumió competencias legislativas y suspendió a la Asamblea Nacional en desacato desde junio de 2016, luego de haber juramentado a tres diputados cuyas bancas no les fueron asignadas porque su elección fue impugnada por fraude y se probó que habían participado en una ingeniería de compra y venta de votos. De acuerdo a los artículos 335 y 336 de la Constitución Venezolana, la Sala Constitucional tiene atribuciones de árbitro superior, ejerce el control de constitucionalidad de todos los actos, leyes y decretos y puede tomar resoluciones de anular cuanta norma salga de un órgano declarado en desacato. Pero de acuerdo al Ministerio Público, a cargo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la resolución del TSJ rompía el hilo constitucional, porque no sólo anulaba actos del órgano mal integrado, sino que subrogaba su función legislativa. Ante este conflicto entre poderes públicos, Nicolás Maduro activó el artículo 323 de la Constitución de Venezuela y convocó al Consejo de la Defensa, que es un órgano superior pensado para crisis bélicas, integrado por los presidentes de todos los poderes, en el cual se exhortó a la Sala Constitucional a revisar los fallos y a revocar para mantener el equilibrio de poderes.

Rápidamente, en la región y en el mundo, decenas de países se pronunciaron sobre la situación venezolana y acusaron al gobierno chavista de haber efectuado un golpe de Estado. La acusación, a la que se plegó nuestro país, partía del supuesto de que el presidente Nicolás Maduro se había dado un autogolpe de Estado mediante la decisión de la Sala Constitucional del TSJ, con lo que los países firmantes afirmaban que se había avasallado al Poder Legislativo, pero además dejaban claro que consideraban que las sentencias del Poder Judicial de Venezuela eran digitadas por el Poder Ejecutivo. Los países, entre ellos el nuestro, se equivocaron grueso, aunque después se atribuyan la marcha atrás del TSJ a sus pronunciamientos. Quizás la única que no se equivocó fue la Mesa Política del Frente Amplio (FA), que cuestionó en duros términos la decisión de la Sala Constitucional, pero nunca mencionó responsabilidad del Ejecutivo en ella ni habló de golpe de Estado, dando muestra de inteligencia para distinguir a los responsables de la nueva situación institucional venezolana. Con todo, la declaración del FA fue tan injerencista como puede ser una declaración de un partido político de un país sobre sentencias del la Corte Suprema de otro país. El principio de no intervención ya ha quedado por el camino.

La misma noche de las sentencias se reunió el Consejo de la Defensa para pedir su revocación y al otro día la Sala constitucional del TSJ revisó los fallos y suprimió las partes de la discordia con la fiscalía y con el resto de los poderes del Estado. Simultáneamente, en Paraguay la Cámara de Senadores aprobó la reelección y los militantes del Partido Liberal Radical Auténtico, que fue cómplice del golpe a Fernando Lugo, salieron a la calle a acusar a Cartes y al propio Lugo de golpe de Estado. Es que la norma aprobada también favorece al expresidente depuesto por un golpe de Estado parlamentario en 2012. Ese sábado se reunió en Buenos Aires el consejo de cancilleres del Mercosur y aprobó una durísima declaración contra Venezuela, cuyo último punto se solidariza con los perseguidos y presos políticos. La declaración está firmada por la canciller de Argentina, donde está presa Milagro Sala, se practica espionaje a la expresidenta, al punto que sus conversaciones privadas salen todos los días en los diarios, y donde la Policía la noche anterior había entrado con palos, balas de goma y gases en un comedor infantil de Lanús. Está firmada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, que es el canciller de un gobierno de facto, cleptocrático, no elegido, que destituyó mediante un golpe de Estado parlamentario a la presidenta legal y legítima Dilma Rousseff. Está firmada por el canciller de Paraguay, donde el día anterior los manifestantes habían prendido fuego la sede del Congreso y la Policía, además de reprimir a los manifestantes que acusaban de golpe de Estado, entró a la sede del Partido Liberal y mató a un diputado a tiros. Y, finalmente, está firmada por nuestro canciller, Rodolfo Nin, en una actitud penosa que le va a costar muchísimo al FA, tanto para adentro de sus filas como con la relación con el resto de las izquierdas del continente. La mencionada declaración es tan grave que pone en marcha el Protocolo de Ushuaia con el propósito de excluir a Venezuela del Mercosur.

Por si esto fuera considerado insuficiente, la reunión de la OEA del pasado lunes desnudó hasta qué punto están dispuestos a llegar para intervenir en Venezuela. La sustitución de sus autoridades, el desplazamiento de Bolivia y Haití de la presidencia del Consejo Permanente y la forma absolutamente ilegítima y arbitraria de tomar una resolución sin tener en cuenta las mayorías necesarias ni los votos minoritarios, transforma en escandaloso el proceder de los gobiernos de derecha y de Estados Unidos, y resulta vergonzoso para Uruguay, que, como otras veces, acompañó dócilmente esta resolución bochornosa.

Es notorio que yo no sé nada de lo que sucede tras bambalinas, no conozco los compromisos, las presiones, las consecuencias de adoptar una u otra posición, los supuestos en que se basan nuestra relaciones con Argentina, Brasil y Paraguay ni el grado de subordinación que tiene nuestro país con Estados Unidos, los organismos internacionales de crédito y los centros de poder económicos y políticos del hemisferio occidental. Yo apenas imagino el costo de mantener posiciones editoriales valientes y el precio de ser, cuando pienso y cuando escribo estas notas, todo lo independiente que puedo ser.

Nadie puede desconocer, sin embargo, que hay una campaña internacional orquestada para terminar con la Revolución Bolivariana y con los gobiernos progresistas de América Latina. La conduce Estados Unidos, pero participan todos los gobiernos y partidos de derecha de América Latina, los medios más poderosos de la prensa y los círculos financieros y empresariales más poderosos, comenzando por Brasil y Argentina y, por supuesto, el gobierno del Partido Popular de España. No vale hacer gárgaras de democracia para no admitir que el fondo no es un problema republicano. Es un problema ideológico. El que se suma a esta orquesta, se suma a esta orquesta. Después de todo, es como canta el Indio Solari: “Fijate de qué lado de la mecha te encontrás”. Hay que elegir. Es más: me temo que ya muchos han elegido y otros están eligiendo.

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