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Reparación para más de 400 víctimas del accionar ilegal del Estado

 La Comisión Especial de la Ley de Reparación a las Víctimas de la Actuación Ilegítima del Estado durante el período 1968-1985 aprobó 412 indemnizaciones sanitarias vitalicias y gratuitas en el año 2016.

Este servicio cubre la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica. Además, reparó en materia económica a 413 personas y emitió 890 certificados de responsabilidad del Estado.

En diálogo con la Secretaría de Comunicación institucional, el presidente de la Comisión Especial de Reparación establecida por la Ley Nº18.596, Nicolás Pons, informó que 412 personas fueron indemnizadas con asistencia sanitaria vitalicia y gratuita.

La reparación en salud incluye asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica. Las personas cubiertas padecieron el accionar ilegal del Estado los años 1968-1985.

Por otra parte, se expidieron 413 reparaciones económicas en 2016. Pons expilcó que la reparación económica es una indemnización que se expide por única vez, según indica el artículo 11 de la ley.

Las reparaciones económicas se expiden por cuatros causales: a los familiares de desaparecidos o fallecidos a raíz del accionar ilegitimo del Estado, a quienes sufrieron lesiones gravísimas como consecuencia de la violencia física por agentes del Estado, a niños secuestrados por más de 30 días y a los niños nacidos en cautiverio o detenidos por sus padres o madres por más de 180 días.

Las solicitudes estudiadas por la comisión alcanzaron al 88 % del total; este año 2017 finalizará el análisis de todas las reclamaciones, según adelantó Pons.

En otro orden, indicó que para el 2017 la Comisión proyecta más sitios de memoria y homenajes a personas asesinadas en el periodo de la dictadura. Desde la instalación de la primera placa hasta hoy fueron instalados 29 placas recordatorias en todo el país.

La Comisión Especial de Reparación fue creada por la ley 18.596 y está integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y dos organizaciones de la sociedad civil: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la asociación de expresos políticos del Uruguay Crysol.

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