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Corrupción

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Por Alberto GrilleCorrucción

Como en las vísperas del golpe de Estado cívico militar del 27 de junio de 1973, dado por el presidente colorado Juan María Bordaberry, el tema “corrupción” se desliza y abunda desde hace un tiempo en noticieros, magazines y “programas de opinión”, así como en los “grandes” medios de prensa uruguayos, particularmente el diario El País, que fue el medio de prensa preferido de la dictadura y beneficiado por esta, y los tres canales privados de televisión abierta.

Es prudente recordar que el golpe de Estado no lo dio solamente Bordaberry porque al frente de la dictadura hubo un gabinete de colorados y blancos, de mandos militares colorados y blancos, y que ese gobierno designó al herrerista Martín Echegoyen presidente del inconstitucional Consejo de Estado.

Y si de recordar se trata, no hay que olvidar que el gobierno de Bordaberry fue precedido por el de Pacheco Areco y que en el gabinete de este último estuvieron Végh Garzón –padre de Végh Villegas–, Ministro de Economía de la dictadura, el banquero Frick Davies, Peirano, Vejo Rodríguez, Justino Jiménez de Aréchaga y el propio Escuadrón de la Muerte, con alguno de sus más conspicuos autores intelectuales del crimen político.

Es oportuno recordar que la dictadura que se instaló hace 43 años, que contó con el apoyo incondicional de estos referidos medios, además de robar patrimonios de personas detenidas ilegalmente, luego torturadas y/o asesinadas, muchas de las cuales se mantienen “desaparecidas”, vendió bienes, se apropió de patrimonios y comercializó o traficó con bebés, entre otras monstruosidades. Fue la peor era de atropellos contra la institucionalidad, la legalidad y la dignidad humana de nuestra historia reciente, de la que vemos muy serios intentos de tergiversar por parte de un conjunto de escritores mancomunados por un objetivo claramente político, del que hablaremos en otra ocasión.

Ahora vamos a hablar de corrupción, recordando, como enseña y practica implacablemente, con milenaria sabiduría abonada en sangre, el Pueblo Judío: ni olvido ni perdón.

Dichos y hechos

Empecemos por el final. Uruguay parece ser, según entidades que investigan y estudian los índices de transparencia y los niveles de corrupción, el país menos corrupto de América Latina y se ubica en el puesto 21 entre 168 países de todo el mundo. Sin embargo, ante la cantidad de pedidos de investigaciones, susurros, medias palabras y mentiras, el presidente Tabaré Vázquez, con su reconocida precisión, cortó por lo sano. El 23 de junio, en dichos consignados en la página web de la Presidencia de la República, el mandatario afirmó: “Yo apruebo toda acción de lucha contra la corrupción”.

El comunicado señala que “el presidente de la República, Tabaré Vázquez, sostuvo que algunos medios de comunicación mintieron o informaron malintencionadamente, diciendo que pidió confidencialidad con la declaración jurada presentada ante la Junta de Transparencia, encargada de administrar los formularios sobre los bienes de funcionarios públicos”.

El doctor Vázquez dijo al respecto, en ocasión del Consejo de Ministros que se realizó en Tacuarembó,: “Por estos temas de las declaraciones juradas, hay algunos medios de comunicación que han mentido descaradamente o han sido muy malintencionados –y sé de lo que estoy hablando– porque han dicho que de la declaración jurada de mi señora pedimos confidencialidad. Es mentira, nunca pedimos confidencialidad”.

En ese sentido, el presidente explicó: “Lo que pasa es que la Junta de Transparencia, en uno de sus artículos, establece con claridad que cuando hay separación de bienes, el sobre –con la declaración jurada– del cónyuge va cerrado y se abre si la Justicia lo establece; es más, el funcionario le pide que cierre el sobre. No hubo nunca intención de ocultar nada”.

Asimismo recordó que la separación de bienes la realizó en 1986, año en el “que yo ni soñaba, ni pensaba, ni quería, ni me preocupaba estar en la vida política pública”, y que su actividad política comenzó en el año 1989, por tanto, “la separación de bienes la hice tres años antes; nadie puede decir que lo hice durante mi vida política”.

Para poner punto final, al menos a lo referido a María Auxiliadora Delgado, Vázquez difundió hoy su patrimonio: una jubilación, su casa, un apartamento en Canelones y un terreno con mejoras.

Pero en lo que fue un punto de inflexión muy interesante, Vázquez consideró que todas las personas con actividad pública política deben transparentar sus bienes, incluso los dueños de los medios y sus cónyuges, para abrir un camino de claridad. “¿Quién va a discutir la importancia que tienen los medios en formar opinión, en su referencia tan importante y seria para la población?”, agregó. “Estoy en la línea de la máxima transparencia y claridad en estos temas”, concluyó.

En verdad, me parece que este tema de la transparencia hay que tomárselo muy en serio. Los legisladores, intendentes, ministros, los jerarcas públicos, los que hacen negocios con el Estado, los partidos políticos, los jueces, los dueños de los medios de comunicación, los propietarios de las empresas encuestadoras, deberían revelar su patrimonio y la evolución del mismo.

Deberían hacerlo con un mismo criterio, sin olvidar nada y con normas de declaración comunes y muy bien establecidas. Debería incluirse en tales declaraciones a los cónyuges y los familiares directos que cohabitan, tengan o no separación de bienes.

Debería fortalecerse el rol del Tribunal de Cuentas y el de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Sería muy bueno seguir avanzando en conocer el beneficiario final de las sociedades con cuentas en el exterior

La idea que expresó Tabaré no fue sólo una ocurrencia estrepitosa como un relámpago en un cielo sereno. Hay suficiente evidencia para tomarse muy en serio su propuesta.

¿Qué causas se pueden invocar para que casi todos los dueños de los grandes medios de comunicación tengan cuentas en el exterior o sociedades en los paraísos fiscales? ¿De dónde sale la plata que se deposita en estas cuentas ocultas que han revelado los llamados Panamá Papers?

El impacto de los Panamá Papers fue para caer desmayado. Lo que más sorprendió no fueron los empresarios de futbolistas, que a fin de cuentas reciben la plata de las transferencias de jugadores desde el exterior y de una acumulación originaria no muy transparente en la que la evasión impositiva juega un rol determinante. Lo que sorprende de verdad son los dueños de los medios de comunicación. ¿Qué hicieron los austeros periodistas Claudio Paolillo y Danilo Arbilla para hacerse ricos en treinta años? ¿Por qué tienen cuentas y propiedades en Miami? ¿Qué impulso les dio por practicar deportes exclusivos como el golf y afiliarse a múltiples seguros médicos para protegerse de la implacable biología? ¿Cuáles son los vericuetos jurídicos de las sucesiones de los Peirano que obligaron al propietario de El Observador a abrir dos cuentas en Panamá? ¿Cuántas veces vendió Peirano la empresa editora de El Observador? ¿Qué se hizo de los aportes de capital de inversores catalanes relacionados al Opus Dei, de las acciones adquiridas por Daniel Ferrere y del multimillonario brasileño Correa, cuyo hombre en el diario de los Peirano es el diputado blanco Rodrigo Goñi, también con sociedades offshore en Panamá? ¿Por qué no podemos saber la verdad? ¿Qué razón tienen para tener sociedades offshore varios miembros de la familia Romay, dueños de Monte Carlo TV canal 4, CX 20 radio Monte Carlo, Montecable y varios canales de cable del interior? ¿Para qué usan las sociedades offshore el diario El País y su director Guillermo Scheck? ¿Qué ocultan en las sociedades en Panamá Luis Eduardo Cardoso, Pablo e Isabel Cardoso, propietarios de Búsqueda, Teledoce, TCC y copropietarios de supermercados Disco y Devoto?

¿Por qué no transparentan su patrimonio, y sobre todo la evolución del mismo, los dueños de los grandes medios de comunicación, los propietarios de las empresas encuestadoras y analistas de la opinión pública y las agencias de publicidad que organizan, diseñan y ejecutan las campañas electorales y durante los cinco años anteriores o siguientes cobran millones de dólares de las empresas públicas?

El llanto de las hienas

El Observador del 15 de junio tituló ‘Bordaberry pidió investigar la corrupción en Uruguay’, señalando que el actual senador (que fue cofundador y abogado del diario de los Peirano Peirano) presentó la moción de crear una comisión investigadora para analizar la situación de la corrupción en Uruguay.

El legislador dijo a El Observador que “ante los hechos de corrupción que ocurren en países vecinos como Brasil y Argentina, algunos con derivaciones en nuestro país, en caso de presunto lavado de dinero, amerita formar esa comisión y ver las vulnerabilidades de Uruguay” y además propuso crear el delito de enriquecimiento ilícito.

Confieso que la propuesta de Juan Pedro, el hijo del dictador al que dedicó su grueso libro Que me desmientan (defendiendo al perjuro cuando ya había sido procesado por 14 crímenes de lesa humanidad y antes de que se lo procesara, justificadamente, por “atentado a la Constitución”), me resulta por demás interesante.

El delito de enriquecimiento ilícito es una asignatura pendiente que tiene Uruguay, la cual habría permitido que hoy estuvieran en la cárcel (y, más importante, se hubieran restituido a la comunidad cuantiosas sumas que fueron a parar a “empresarios privados”) si se hubieran investigado fortunas muy grandes de conocidas figuras, varias de ellas vinculadas a los partidos tradicionales, que se formaron justamente luego de la crisis de 2002, cuando el Banco de la República, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros, la Corporación para el Desarrollo y otras empresas estatales quedaron con patrimonio negativo.

Es más, yo empezaría a investigar las fortunas que se formaron en los gobiernos que siguieron a la reinstitucionalización de 1985, bajo las presidencias de Sanguinetti, Lacalle Herrera y Batlle; en algunos casos, ciertos jerarcas fueron denunciados por sus propios compañeros de partido.

¡Cuántas empresas “privadas”, cuántos patrimonios engordaron en esa época!

Y si nos pusiéramos en historiadores, podríamos ver si tienen razón ese libro y esos artículos que dicen que los bienes de la familia Bordaberry comenzaron con la apropiación indebida que hizo Jacques (alias Santiago) Bordaberry de los bienes del escritor Carlos Reyles mientras este pasaba largas temporadas en París y confiaba en su “fiel” administrador, que lo dejó en la miseria.

¡Si habrá que investigar enriquecimientos ilícitos en Uruguay!

Andan por ahí todavía varios expedientes enterrados por jueces amigos, y por eso en los corrillos se dijo que las palabras y la idea de Bordaberry no sólo era parte de su campaña de “vengo a ayudarlos a hacer mierda a Tabaré Vázquez”, frase que le dijo la noche de las elecciones de octubre de 2014 al “educador” y “filósofo” Pablo da Silveira, sensible espíritu que, según El Observador, le contestó: “Por eso vos sos un tipo que adoro”.

Como hablar es gratis hasta el candidato presidencial Lacalle Pou se subió al carro y, esquivando la palabra enriquecimiento porque sabe el efecto que se produce en su familia cuando se nombra la soga en la casa del ahorcado, habló y pidió investigadoras a diestra y siniestra. Eso sí, que no toque administraciones pasadas y que no se meta con delitos fiscales vinculados a las actividades promocionadas por estos “liberales económicos”, que capaz que hacen caer a grandes estancieros que fungen de parlamentarios y hasta de integrantes del Honorable Directorio en sus ratos libres.

No importa si son blancos, colorados, frenteamplistas o independientes. Sería saludable que se legislara primero sobre el financiamiento de los partidos políticos y también sobre los que viven de o negocian con el Estado y la política. También sería saludable para la democracia que se investigaran la corrupción y los enriquecimientos ilícitos, pero en serio y hasta el hueso, por supuesto, investigando también las transferencias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a los medios y a los empresarios que la integran y la participación de la organización Grupo de Diarios de América en el patrimonio de El País.

Y, por qué no, la injerencia de la CIA en la SIP y la Asociación Internacional de Radiodifusión, que han defendido las dictaduras de Trujillo, Stroessner y Somoza, y contribuido al derrocamiento de Jacobo Árbenz y Salvador Allende y apoyado las invasiones norteamericanas a República Dominicana, Nicaragua Panamá, Guatemala y Guyana. Esas son las organizaciones que engordan los bolsillos de algunos medios, organizaciones de medios y organizaciones no gubernamentales relacionadas con ellos.

Alberto Grille

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