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SCJ habilitó indagatoria por muerte de Nuble Yic

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El máximo órgano del Poder Judicial mantuvo la tendencia reciente de rechazar la prescripción de los crímenes cometidos durante la dictadura.

En un reciente fallo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) habilitó la continuidad de la indagatoria penal por la muerte del militante comunista Nuble Donato Yic, fallecido en una unidad militar en 1975. Por mayoría, el máximo órgano del Poder Judicial desestimó el incidente de prescripción presentado por un militar y dispuso la continuidad del proceso penal.

Yic fue detenido en octubre de 1975 por efectivos de las Fuerzas Conjuntas, mientras se encontraba en su domicilio, convaleciente de un ataque cardíaco. Permaneció cinco meses como desaparecido, “paseado” por distintos centros de detención -entre ellos, el centro clandestino conocido como “300 Carlos”- y siendo torturado, hasta que finalmente se blanqueó su detención.

El 15 de marzo de 1976, Yic falleció a causa de una afección cardíaca. Su hija, Maris Yic, con el patrocinio de la abogada María del Pilar Elhordoy, presentó una denuncia penal por su muerte. La denuncia argumentó que Yic no fue atendido en forma adecuada de su afección cardíaca y que su muerte se produjo fue provocada “por las severas sesiones de tortura y las malas condiciones de reclusión”. El caso fue archivado en 2009, pero posteriormente reabierto en el Juzgado Penal de 7º Turno.

En este contexto, la jueza Beatriz Larrieu (que en agosto asumirá un Juzgado Especializado en Crimen Organizado) dispuso la citación de varias personas, entre ellas, algunos militares. Uno de estos presentó un incidente de prescripción, que fue rechazado en primera y segunda instancia. Ahora la Corte, confirmó esta postura y ordenó la continuidad de la indagatoria.

En este marco, la Corte consideró por mayoría que -en el caso concreto- no cabe “computar el período de vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado” dentro del plazo de prescripción de los ilícitos. Tras un análisis de la normativa legal y diferenciar los conceptos de prescripción y de extinción del delito, la Corte afirmó que “la vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado significó un claro obstáculo insuperable (irresistible) para el ejercicio de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público”.

“Ello, por cuanto el ámbito preciso para la investigación, resolución, imputación y reproche a los responsables de hechos de naturaleza delictiva es, únicamente, la justicia penal que funciona en la órbita del Poder Judicial”. “Lo único cierto es que, durante la vigencia de la Ley de Caducidad, el Ministerio Público se vio impedido de ejercer su poder-deber de acción, situación jurídico procesal que debemos diferenciar bien de aquella en la que se encuentran los restantes sujetos procesales que tienen el derecho o la potestad de accionar en otras materias”, afirmó la Corte.

“Los delitos objeto de investigación e imputación provisoria en autos son reatos que no requieren la instancia del ofendido, razón por la cual el Ministerio Público se encontraba, ante el conocimiento de éstos, en situación de poder-deber de llevar adelante la correspondiente acción penal, mandato legal que no pudo cumplir mientras existió el obstáculo que significaba, para el cumplimiento de sus funciones, la vigencia de la Ley 15.848 en el caso concreto”, agrega el fallo, al que accedió Caras y Caretas Portal.

En este sentido, la Corte efectuó varias valoraciones. Por ejemplo, el ministro Felipe Hounie insistió con la teoría de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura. Pero ante la eventualidad de que eso tesis no se admita, consideró que en el caso de Nuble Yic el plazo de prescripción debe computarse “a partir de la fecha de entrada en vigencia del artículo 1º de la Ley 18.831”, que restableció la pretensión punitiva del Estado, y que cuya inconstitucionalidad fue descartada por la Corte.

Por su parte, Larrieux dijo que el debate sobre la prescripción o imprescriptibilidad de los hechos ocurridos durante la dictadura quedó zanjado con la aprobación del artículo 1º de la Ley 18.831. “Es el propio legislador patrio que reconoce que durante la vigencia de la Ley 15.848 (declarada inconstitucional por sentencia No. 365/2009 para los casos concretos en que se interpusiera tal accionamiento) y hasta la vigencia de la Ley 18.831, los plazos de prescripción extintiva no pudieron transcurrir útilmente”, afirmó Larrieux.

Además, insistió que la Ley de Caducidad no consagró una amnistía -lo que supondría la extinsión de los delitos-, “sino que se eliminó la posibilidad de accionar para su persecución por parte del Ministerio Público y, en consecuencia, no hay innovación penal retroactiva en el artículo 1º de la Ley 18.831”. Pese a esto, Larrieux insistió con su postura contraria a la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en este período.

Por su parte, la ministra María Elena Martínez se plegó a la mayoría y habilitó la investigación de los casos, al tiempo que el ministro Jorge Chediak se pronunció a favor de aceptar el incidente de prescripción y disponer el archivo de la causa.

 

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